Arcanos de la enseñanza concertada

Hola, soy Michel, el nuevo compi de Juan en el IES Teguise. Puesto al corriente de la línea del blog y condicionado irremediablemente por su tan sugerente denominación no he podido sustraerme a su no inferior irreverencia, y como acato sin discrección la doctrina hedonista, me gustaría hacer alguna aportación, con la venia. Por mi condición de docente, he decidido compartir en primer lugar un tema que a mi me inquieta en particular desde hace tiempo: el uso casi fraudulento que se está haciendo de erarios públicos en beneficio de entidades privadas. En este caso, «el negocio de la enseñanza concertada». Saludos y enhorabuena por el blog.


Arcanos de la enseñanza concertada

En una sociedad plural como la que vivimos es necesario que haya libertad de elección sobre el tipo de escuela donde queremos que nuestros hijos se formen. A la hora de elegir, se nos presentan tres opciones: pública, privada o la llamada privada-concertada. Es por todos conocido el funcionamiento de las dos primeras, pero la tercera vía plantea una serie de interrogantes que conviene considerar.

La figura del colegio concertado, aquél que teniendo carácter privado es sufragado por fondos públicos, se crea para escolarizar a población de zonas geográficas sin centros públicos próximos o con escasez de plazas. El objetivo es aprovechar una infraestructura ya creada, organizada y bien gestionada. De esta forma, se alivia al mismo tiempo la tesorería de la consejería de Educación, pues no tendrá que invertir tanto capital como sería necesario en caso de tener que construir un colegio nuevo, ahorro que se supone revertirá en beneficio de la calidad educativa ofertada por su supuesto hijo legítimo, la Escuela Pública. Se trata de una medida acertada, incluso hasta necesaria, si nos atenemos a sus orígenes y propósitos.

Sin embargo, una mirada al panorama educativo actual torna el tema de los conciertos educativos en un asunto lóbrego que a veces adquiere tintes demasiado opacos. La Consejería de Educación de Canarias, como la de tantas otras comunidades autónomas, lleva desde hace tiempo ejerciendo una política de concesión de conciertos educativos casi indiscriminada, obviando los principios básicos de su creación, la filosofía incial del proyecto: recurso al servicio de la escolarización de algún sector de poblacion. Queda patente que de las condiciones inicialmente pactadas, se ha pasado a una política de mano abierta con este tipo de centros –mano abierta mutante a mano negra–. ¿Será que el asunto se ha convertido en moneda de cambio entre los políticos y sus intereses contraídos para llegar al poder? ¿O tal vez hay objetivos más turbios ulteriores que afectan a la futura gestión de la educación pública? Los indicios parecen apuntar hacia un desmantelamiento paulatino de servicios hasta ahora públicos, para pasar a un proceso de privatización generalizado de los dos pilares de nuestro estado del bienestar: los ámbitos sanitario y educativo.

Nada mejor que ilustrarnos con unos ejemplos: en un mismo núcleo de población como Tafira, tributante al municipio de Las Palmas de G. C., se concedió en el año 2004 el concierto educativo a dos colegios privados que hay en la misma zona, el Sagrado Corazón de Jesús y el Jaime Balmes, centros que imparten desde la educación infantil hasta el Bachillerato, cometiéndose una violación de los principios originarios del proyecto, pues además de solaparse el ambito geográfico al que dan cabida ambos centros, ya hay en esa zona centros educativos públicos (IES Tafira, IES Santa Brígida) donde se imparten esos niveles. Por lo tanto el problema de ausencia de oferta educativa pública para un espacio geográfico aquí es inexistente.

No es sutil el tema, pues además de violar uno de los principios básicos de los que se nutre el programa de conciertos educativos, el de la proximidad geográfica, en muchos casos no se supervisa la línea o método educativo empleado por estos centros, los cuales en ocasiones están dirigidos por aficionados advenedizos que dirigen empresas antes que colegios, y que a juzgar por los datos no dan síntomas de demasiada destreza en su gobierno: no olvidemos que se mantienen gracias al pago de nuestros impuestos, ya que es la Consejería quien cubre todas las nóminas oficiales de sus trabajadores. Ahí tenemos el caso del colegio Jaime Balmes, que, si no hubiera sido por el desconcertante concierto hábilmente logrado en 2004, ya habría desaparecido hace tiempo por bancarrota debido a su perniciosa gestión.

Ejemplos como éste no son desgraciadamente poco comunes y, al cabo, no constituyen sino una rémora innecesaria para las maltrechas arcas públicas. Además, si aspiramos a una educación progresista e integradora, aquellos centros que se rigen por sistemas autoritarios basados en principios antinaturales o represivos, como el empleado por el citado colegio, o por cualquier otro –torva antítesis del modelo educativo a seguir– no parecen los más indicados para recibir ayudas públicas. ¿Cómo se explica que se sigan renovando los conciertos en estas condiciones? Es necesario que se apliquen criterios más racionales para la concesión de los conciertos y no hacerlo de forma casi indiscriminada. ¿Porqué se preocupan tanto nuestras autoridades educativas por reflotar barcos hundidos descuidando tan visiblemente sus propias naves? ¿Qué se esconde detrás de la actitud paternalista de la Consejería hacia su hijo bastardo? ¿A cambio de qué ejerce labores de salvamento?... Muchas, demasiadas incógnitas.

Lo peor –y lógico, por otro lado– es que este tipo de actuaciones afecta directamente a los presupuestos destinados a la enseñanza pública, que se ven reducidos ostensiblemente ocasionando perjuicios que repercuten negativamente en la calidad educativa ofertada: colegios e institutos con alarmante falta de presupuesto que provoca desde ausencia de excursiones escolares hasta escasez de tinta o papel para fotocopias, centros tan necesitados de reformas que ponen en peligro la integridad física de sus inquilinos, aulas con ratios por encima de los treinta alumnos pero con meses sin dar clase porque la Consejería no manda profesores sustitutos para cubrir las bajas, menos profesorado de apoyo y refuerzo, menos desdobles (división de clases por la mitad para atender mejor al alumnado), escasez de medios para impulsar el dominio de las TICs y, ante tanto descalabro, la consecuencia lógica: notable aumento del fracaso escolar.

La pregunta inicial es si resulta ético sufragar centros privados, muchos de ellos de posibles, con fondos públicos, ¿se debe emplear tantos recursos comunes en empresas privadas? ¿porqué el paraguas público proyecta su sombra donde no es prioritario? Y por último, ¿hasta qué punto es necesaria y sostenible una red tan amplia de centros concertados?... Confiemos en que tanta incógnita no nuble la esperanza o la ilusión a los que todavía creemos y apostamos por una enseñanza pública de calidad.