Sobre la sanidad pública

Dispone la ciudadanía a través del Estado de dos servicios públicos incomparables por la atención que nos brindan: sanidad y educación. En representación de los dos pilares fundamentales de nuestro ponderado estado del bienestar, nos garantizan la atención sanitaria y la formación personal y académica. Largo ha sido el camino recorrido como para ahora otorgarles el cierre y derribo en una ataraxia sin precedentes ni apelación posible.
Estos dos sectores son fieles indicadores del progreso social al que aspira el hombre. Nunca un estado había conseguido extender a tan amplia escala los beneficios que de ellos se derivan; es decir, el carácter público y gratuito de ambos servicios constituye uno de los mayores avances sociales por su inigualable aportación a la mejora de la calidad de vida. Mucho han tenido que evolucionar las sociedades desde aquellos tiempos en que la sanidad y la educación eran privilegios de las clases acomodadas, por lo que el compromiso ético propio del humanismo progresista nos debe impulsar a redoblar esfuerzos para preservarlos.
Creo que todos somos conscientes de que su manutención exige unos costes que deben ser asumidos por el bolsillo de cada cual. La sanidad pública ocasiona un gasto, mal llamado «pérdidas económicas», que es inevitable, ya que unos servicios sanitarios de calidad necesitan medios físicos y humanos apropiados y no se debe escatimar esfuerzos si queremos disfrutar de su óptimo rendimiento. Ninguna autoridad pública democrática funda hospitales para que produzcan beneficios como si de una empresa privada al uso se tratara, ése es el precio que tanto administración como contribuyentes hemos de asumir. Pero, del mismo modo, no se puede descuidar su gestión al amparo de la incontestable aportación social que ejercen, porque entonces es fácil caer en el despilfarro y en el abono de conductas personales más interesadas en el bien propio que en el común. Por eso, vigilemos concienzudamente el control de su gestión sin dejar de aplicar la ley en los casos donde aquélla tenga carácter pernicioso o irregular.
Pero entonces, si no cabe esperar rentabilidad económica en un servicio público universal y gratuito como son los centros sanitarios públicos, es decir, si no son rentables, ¿se los cedemos a una empresa para que los gestione? A ese modelo parece que nos dirigimos, de hecho ya se ha implementado en varias comunidades autónomas. Mas, si la administración paga a la empresa lo que costaba gestionar el hospital y la empresa con esos fondos tiene que prestar el servicio y obtener rentabilidad económica... ¿cómo lo hará? Varias respuestas se plantean: prestando peor o menor servicio, pagando menos a sus empleados −algunos lo denominan gestionar mejor− o pidiendo más subvenciones a la administración para dar, en el mejor de los casos, el mismo servicio.
En cualquiera de los tres supuestos, los ciudadanos salimos perdiendo: o tenemos peores servicios o el personal sanitario estará más desmotivado o nos costará un mayor desembolso el mismo servicio.
Asistimos a una nueva estrategia de manipulación por parte de nuestros políticos, nos la dan con queso y encima nos lo venden como favor.